Los desplazados de Haití: ¿Hasta cuándo tiene que durar su clamor para se les escuche?

Campo improvisado para desplazados internos de Gaston Magwon, en Carrefour, un barrio a las afueras de Puerto Príncipe. © Amnesty International

Campo improvisado para desplazados internos de Gaston Magwon, en Carrefour, un barrio a las afueras de Puerto Príncipe. © Amnesty International

Por Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe

La vida de Justine quedó destrozada cuando el terremoto de enero de 2010 devastó Haití.

Sus padres y varios hermanos y hermanas se contaron entre las más de 200.000 personas que perdieron la vida en el desastre. Ella y sus tres hijos se contaron entre los más de dos millones de personas que se quedaron sin hogar. También perdió su empleo, pues la fábrica en la que trabajaba se derrumbó. Desde entonces vive en un campo improvisado llamado Gaston Magwon, en Carrefour, un barrio a las afueras de Puerto Príncipe.

La vida diaria es una lucha para Justine. Tiene tres hijos pero no puede permitirse enviarlos a la escuela ya que no tiene trabajo ni ningún familiar que la apoye. Todos los días tiene que luchar contra las enfermedades ya que en el campo no hay aseos, duchas ni servicios de saneamiento, y recientemente se ha visto cubierto de desperdicios llevados por las inundaciones. Por si esto fuera poco, vive con el temor constante a quedarse de nuevo sin hogar, ya que los propietarios de los terrenos donde está situado el campo de Gaston Magwon amenazan constantemente con desalojar a los residentes, una suerte que ya sufrieron 150 familias en febrero.

Lamentablemente, la historia de Justine no es muy distinta de muchos relatos que Amnistía Internacional ha oído en sus visitas a Haití después del terremoto. Las condiciones de vida en los campos son cada vez más terribles desde que muchas ONG humanitarias se marcharan y el gobierno dejara de ayudar a las personas que viven en los campos en 2011 por temor a que se convirtieran en dependientes de la ayuda. Los desalojos forzosos de personas internamente desplazadas se producen desde abril de 2010, tanto a manos de los propietarios de tierras privados como de las autoridades públicas, tal como Amnistía Internacional documentó en el informe titulado Nowhere to go – Forced evictions from displacement camps in Haiti, publicado en abril de este año.

La única diferencia es que, por suerte, el número de personas internamente desplazadas ha disminuido. Desde la estimación inicial de un millón y medio de desplazados, el número de personas que viven en campos para desplazados se ha reducido hasta las aproximadamente 280.000 de la actualidad. Cientos de miles de personas han sido reasentadas en aplicación de un programa de subsidios para alquileres que dura un año. Sin embargo, más de 16.000 familias han sido víctimas de desalojo forzoso y 24.000 continúan en peligro de corre la misma suerte.

Una situación que se planteó durante la visita que estamos a punto de concluir afecta a los campos y a los asentamientos informales situados en Canaan, un extenso terreno a las afueras de Puerto Príncipe donde se establecieron personas internamente desplazadas tras ser declarado de utilidad pública en marzo de 2010. Miles de personas que residen en esos terrenos viven bajo la amenaza de desalojo forzoso, expuestas a intimidación y hostigamiento por parte de quienes reclaman la propiedad de la tierra. Existe una confusión absoluta en lo relativo a qué sectores del terreno son de utilidad pública; al parecer, el año pasado se dictó un segundo decreto gubernamental por el que se reducían las dimensiones del terreno expropiado, pero la información nunca se hizo pública.

Residente del campo de desplazados internos de Lanmè Frape en su vivienda parcialmente destruida. Puerto Príncipe, Haití. © Amnesty International.

Residente del campo de desplazados internos de Lanmè Frape en su vivienda parcialmente destruida. Puerto Príncipe, Haití. © Amnesty International.

En consecuencia, cientos de familias que viven en el sector Lanmè Frape de Canaan, por ejemplo, se han quejado de reiterados ataques perpetrados por hombres armados y agentes de policía que periódicamente destruyen sus humildes viviendas construidas con lonas o chapas metálicas. Las últimas incursiones tuvieron lugar entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, y en ellas quedaron destruidas casi 400 viviendas. Más tarde, el 18 de septiembre, agentes de policía y hombres armados vestidos de civil presuntamente destruyeron las viviendas que la gente había reconstruido y se llevaron algunos de sus materiales de construcción. Fuimos testigos de primera mano de que la mayoría de las familias se han quedado ahora sin ninguna clase de refugio, o son acogidos en viviendas de familiares que también viven en campos improvisados para desplazados.

En respuesta al informe de Amnistía Internacional y a otras presiones de la comunidad internacional, el gobierno de Haití dio a conocer a finales de abril de este año dos declaraciones en las que condenaba públicamente los desalojos forzosos y expresaba su compromiso de tomar las medidas oportunas para poner fin a la intimidación que sufrían las personas residentes en los campos. Entre estas medidas figuraría llevar a cabo investigaciones sobre esas acciones y poner a disposición de la justicia a sus autores.

Estas declaraciones son desde luego sumamente bienvenidas. Sin embargo, para las personas que viven en Lanmè Frape, Gaston Magwon y en otros campos y que corren el riesgo de sufrir desalojos forzosos no han supuesto ninguna diferencia. Siguen sin haber visto prueba alguna de que se hayan tomado medidas para disuadir a los presuntos propietarios de los terrenos de sembrar el pánico entre ellas y de destruir sus viviendas y sus medios de vida. Por el contrario, los residentes de Lanmè Frape siguen viendo cómo los agentes de policía se ponen de parte de los presuntos propietarios de los terrenos en acciones que son contrarias a la legislación haitiana y a las normas internacionales de derechos humanos.

Por todo ello, para las personas internamente desplazadas de Puerto Príncipe no hay otro modo de celebrar elDía Mundial del Hábitat que cruzar la capital en manifestación para exigir que se respeten sus derechos. “Nou mandé bon jan kay pou tout moun” (Exigimos una vivienda adecuada para todas las personas) fue la principal petición del centenar aproximado de desplazados internos y activistas que marcharon el 7 de octubre desde el centro de Puerto Príncipe hasta la oficina del primer ministro. Una vez allí, una delegación de desplazados internos entregó un manifiesto que recordaba los casos recientes de desalojos forzosos y exigía acciones concretas para respetar, proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada.

La manifestación de ayer fue la primera que presenciamos pero por supuesto no fue la primera de este tipo. Desde hace meses, las personas internamente desplazadas se movilizan para exigir sus derechos. ¿Hasta cuándo tiene que durar su clamor para que se les escuche?

Leer más:
Advertencia: Este vídeo puede causarte indignación (blog, 3 de octubre de 2013)
Los desalojos forzosos empeoran la ya grave situación de las personas sin hogar tras el terremoto (comunicado de prensa, 23 de abril de 2013)
‘Nowhere to go’: Forced evictions in Haiti’s displacement camps (informe, 23 de abril de 2013)
‘We’ll throw you all out’ – Forced eviction threat for Haiti earthquake victims (blog, 23 de abril de 2013)
Catastrófica situación de la vivienda tres años después del terremoto (comunicado de prensa, 11 de enero de 2013) girls for sex dating in New York

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