España bloquea las investigaciones sobre los crímenes del franquismo

Decenas de miles de personas fueron víctimas de homicidio o desaparición durante la Guerra Civil española y el franquismo. © Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

Decenas de miles de personas fueron víctimas de homicidio o desaparición durante la Guerra Civil española y el franquismo.
© Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

En España no se están investigando los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, con lo que parece garantizarse la impunidad de estos abusos contra los derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe El tiempo pasa, la impunidad permanece constata como las autoridades españolas se niegan a investigar decenas de miles de homicidios y desapariciones cometidos durante la Guerra Civil por ambas partes en el conflicto y durante el franquismo (1936-1975). Tampoco cooperan con otros países, como Argentina, que ha abierto su propia investigación sobre los abusos históricos cometidos en España.

“El hecho de que España ni investigue ni coopere en los procesos sobre crímenes cometidos durante la Guerra Civil por ambas partes en el conflicto y durante el franquismo significa un bofetón en la cara de todos los familiares de las personas cuyos derechos fueron violados y desaparecieron”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

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Venezuela: la libertad condicional para la jueza Afiuni no es suficiente

La jueza María Afiuni fuera de su casa en Caracas el 14 de junio de 2013.

La jueza María Afiuni fuera de su casa en Caracas el 14 de junio de 2013. (LEO RAMIREZ/AFP/Getty Images)

La decisión de otorgar la libertad condicionala la jueza María Lourdes Afiuni es una buena noticia, pero claramente insuficiente.

“Más de tres años después de haber sido detenida no se han presentado pruebas fehacientes en contra de la jueza Afiuni. Exigimos una vez más que le sean retirados los cargos que pesan contra ella”, dijo Guadalupe Marengo, directora del programa de América de Amnistía Internacional.

“Las medidas cautelares que acompañan a la concesión de libertad condicional son preocupantes, pues representan serias limitaciones a su libertad de expresión y de movimiento”.

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Los familiares de personas desaparecidas en México merecen más que promesas

En México, las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional durante la presentación de un nuevo documento.

Los recientes compromisos suscritos por altos cargos gubernamentales para poner fin a las desapariciones y localizar a las víctimas son importantes, pero no tendrán significado alguno para los familiares si no producen resultados tangibles, a saber, acabar con la impunidad y descubrir el paradero de las víctimas.

Enfrentarse a una pesadilla. Desapariciones en México señala la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno de poner freno a las bandas de delincuencia organizada. Estos esfuerzos se materializan a menudo en desapariciones forzadas, es decir, desapariciones perpetradas por funcionarios públicos.
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¿Por qué la mayoría de defensores atacados en las Américas son los que trabajan en los derechos relativos a la tierra?

El funeral de Antonio Trejo en Honduras (Foto: Orlando Sierra / AFP / GettyImages).

El funeral de Antonio Trejo en Honduras (Foto: Orlando Sierra / AFP / GettyImages).

En su informe de 2012 sobre los ataques contra los defensores de derechos humanos en las Américas, Transformando dolor en esperanza, Amnistía dijo, “la mayoría de los casos de defensoras y defensores sobre los que emprendió acciones Amnistía Internacional entre 2010 y 2012 en América tienen que ver con los derechos  relativos a la tierra, el territorio y los recursos naturales.”

Sólo en Honduras, Amnistía informó que “decenas” de los campesinos fueron asesinados durante este período, a manos de los empleados de los poderosos terratenientes. Los victimarios también han atacado a personas como Antonio Trejo Cabrera, abogado de derechos humanos, a quien asesinaron en septiembre de 2012.

Desafortunadamente, esta tendencia continúa. El 30 de mayo, Amnistía emitió una acción urgente sobre el Movimiento Campesino de San Manuel, Cortes (MOCSAN) en Honduras. Los últimos ataques contra esta organización comenzaron el 17 de mayo, cuando 500 miembros de la organización realizaban una manifestación para reclamar unas tierras que creen ya no pertenece legalmente a una empresa local. Los vigilantes de seguridad de la compañía abrieron fuego y mataron a dos manifestantes e hirieron gravemente a otros dos.

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Deplorable uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Estambul, Turquía

Manifestantes en Turqía

Manifestantes en Estambul, Turquía. © Getty Images

Las autoridades turcas deben tomar medidas urgentes para evitar que haya más muertos y heridos, permitir a los manifestantes acceder a sus derechos fundamentales y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Amnistía Internacional mantuvo abiertas sus oficinas, cercanas a la zona de la plaza Taksim, para que pudieran refugiarse en ellas los manifestantes que escapaban de la violencia policial durante la noche. Actualmente hay 20 médicos en las oficinas tratando a manifestantes heridos. Otras organizaciones de la sociedad civil han tomado medidas similares.

“El uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía puede ser habitual en Turquía, pero la desmedida dureza con que se ha respondido a las manifestaciones pacíficas de la plaza Taksim ha sido realmente indignante y ha puesto al rojo vivo la situación en las calles de Estambul, donde decenas de personas han resultado heridas”, ha dicho John Dalhusien, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

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¿La Policía Nacional, lado oscuro de la República Dominicana?

Manifestación reprimida por policía del movimiento Reconoci.do en febrero de 2013. © Reconoci.do / Centro Bono / Fran Afonso

Por Robin Guittard, Asistente de investigaciones y campañas de Amnistía Internacional

Desde 2011 he tenido la oportunidad de visitar la República Dominicana en cuatro ocasiones como delegado de Amnistía Internacional. Hoy en vísperas de terminar esta última visita, tengo la impresión de entender mucho mejor la sociedad dominicana, y al mismo tiempo tener cada vez más dificultad a aprehender su complejidad.

En esas visitas el nombre de Amnistía Internacional nos abrió múltiples puertas – las de la Policía Nacional y la Procuraduría General, y hasta la de la oficina del Presidente de la República en el Palacio Nacional en la capital, Santo Domingo.

Sin embargo, lo más enriquecedor han sido las decenas de reuniones con las organizaciones y activistas de la sociedad civil dominicana que nos ayudaron a comprender cada vez mejor la realidad de ese país apasionante. Y lo más duro ha sido sin duda las numerosas entrevistas con víctimas y familiares de víctimas de abusos policiales. LEER EL RESTO DE ESTA ENTRADA

El Salvador: Tras la “vergonzosa” decisión, la vida de Beatriz queda en manos del Gobierno

Activistas de derechos humanos se manifiestan en El Salvador para exigir que Beatriz reciba el tratamiento médico que necesita.

Activistas de derechos humanos se manifiestan en El Salvador para exigir que Beatriz reciba el tratamiento médico que necesita.

La decisión tomada ayer por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, negando el amparo que pidió Beatriz para poder tener acceso a un aborto terapéutico, es “vergonzosa y discriminatoria”.

“Dicha decisión viola los derechos humanos de Beatriz” aseguró Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional para El Salvador.

“Haber sometido a Beatriz a este largo proceso, demorando durante siete semanas la adopción de una decisión que afecta a una persona cuya vida corre un riesgo inminente, es algo cruel, inhumano y degradante”.

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Una medida adelante a la justicia en Guatemala a pesar de un contratiempo

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La condena del ex dictador Efraín Ríos Montt por el genocidio y los crimenes contra la humanidad ha sido anulada, pero todavía hay una razón para esperar. (Photo Credit: Johan Ordonez/AFP/Getty Images).

Aministía Internacional juntó con unas organizaciones guatemaltecas de los derechos humanos y en todo el mundo para aplaudir la condena histórica del ex dictador José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio el 10 de mayo. El juicio se estableció su responsabilidad como el autor intelectual por los asesinatos de 1.771 personas indígenas en su mayoría mayas y el desalojo forzoso de decenas de miles más de la región del Triángulo Ixil del departamento de Quiché sur de Guatemala en medio de un conflicto armado interno de 1982-1983.

Tomó más que treinta años para llevarlo ante la justicia. El juicio se enfrentó muchos retrasos y obstáculos, incluso muchas solicitudes procesales y objeciones por la defensa, y una suspensión del juicio por diez días en abril mientras una anulación de las trámites legales en otro tribunal de la ciudad estuvo resuelto.

Es increíble que el caso de genocidio contra el Ríos Montt pudiera llegar al juicio. Pareció que una fractura pequeña estuvo formando en la pared de impunidad que había protegido la mayoría de los perpetradores de los abusos de derechos humanos durante la época de la guerra civil.

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Los peligros del viaje a una nueva vida en Estados Unidos

Cuando, el 31 de julio de 2008, a las cinco de la madrugada, Alberto Donis dejó su hogar en Chiquimula, Guatemala, sabía que se disponía a iniciar uno de los viajes más peligrosos del mundo.

Al igual que cientos de miles de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que habían hecho ese mismo viaje, Alberto y tres de sus amigos metieron cuanto podían llevar en una pequeña mochila y emprendieron un largo viaje a través de México rumbo a Estados Unidos, donde confiaban en encontrar trabajo y ayudar a sus familias, allá en su país.

Lo que no sabían es que sus problemas empezarían tan pronto.

Esa misma noche, cuando cruzaban el estado de Chiapas, en el sur de México, un auto de la policía dio el alto al autobús en el que viajaban.

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Corte de Guatemala anula sentencia por genocidio contra Ríos Montt

Rios Montt

© JOHAN ORDONEZ/AFP/Getty Images

La anulación por parte del Tribunal Constitucional de Guatemala de la sentencia contra ex dictador José Efraín Ríos Montt es un golpe devastador para las víctimas.

“El fallo de este lunes es un golpe devastador para las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto”, ha declarado el investigador para Guatemala de Amnistía Internacional, Sebastián Elgueta.

No están claros los fundamentos jurídicos de esta decisión, ni se sabe con seguridad cómo el tribunal de primera instancia puede pulsar el botón de reiniciar para volver a un punto de mediados de abril. Lo que está claro es que la Corte de Constitucionalidad, con su sentencia, ha levantado unos obstáculos tremendos para poder hacer justicia y garantizar rendición de cuentas por un periodo desgarrador de la historia reciente de Guatemala.

Con la sentencia del 10 de mayo, el tribunal de primera instancia había transmitido el contundente mensaje de que no se tolerarían los crímenes cometidos contra miles de víctimas mayas. Ahora, la Corte de Constitucionalidad ha cuestionado ese mensaje y, con ello, ha puesto en peligro el derecho a obtener verdad, justicia y reparación en Guatemala.