La campaña para acabar con la pena de muerte en Maryland supera el primer obstáculo

Miembro de Amnistía Stanford Fracer y Jane Henderson de MD CASE participan en una protesta para acabar con la pena de muerte.

¡La campaña para acabar con la pena de muerte en Maryland sigue adelante!

El comité en el senado de Maryland ha votado 6-5 en favor de SB 276, el proyecto de ley que deroga la pena de muerte. (Desafortunadamente, se eliminó la provisión que reparte fondos ahorrados por abandonar la pena de muerte a las familias de las víctimas)

Aprobar este proyecto de ley por este comité fue un obstáculo muy grande — un obstaculó insuperable en años pasados. Pero esta vez muchos apoyan la abolición de la pena de muerte, no sólo a través el estado sino también en Annapolis. Ahora el proyecto de ley va al senado general.

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El caso del hombre que mató porque quería morir en la silla eléctrica

Cuando Robert Gleason Jr. fue ejecutado en Virginia en el 16 de enero (eligió la silla eléctrica) se convirtió en el cien cuadragésimo  “voluntario” supuesto para la ejecución desde el restablecimiento de la pena capital en 1976. De hecho, más de diez por ciento de las ejecuciones estadounidenses han sido voluntarias, un hecho que normalmente indica que el prisionero ha abandonado sus apelaciones.

Sin embargo, el caso de Gleason no sigue este patrón. Él específicamente mató para recibir la pena de muerte. Estranguló su compañero de celda y prometió a seguir matando a menos que el estado le matara. Esta instancia no es la primera vez en que alguien ha cometido el asesinato para incitar el estado a matarle. En Ohio en 2009, Christopher Newton recibió la pena de muerte porque él asesinó  su compañero de celda. Se había negado cooperar con los investigadores a menos que ellos buscaran la pena capital.

En casos así, puede ser afirmado definitivamente que la pena de muerte no impidió, pero al contrario, incitó el asesinato. Este evidencia presenta una cuestión para los estados que están considerando limitar la pena de muerte a ellos que matan a la policía o a los carceleros: ¿podría esta limitación ponerlos más en riesgo?

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Troy Davis y la injusticia de la pena de muerte

Hace cuatro años desde que Amnistía Internacional publicó su primer informe sobre el caso de Troy Davis. En el curso de este tiempo, tres estados – Nueva Jersey, Nuevo México y Illinois – han abolido la pena de muerte y 17 hombres han sido exonerados de la pena de muerte.

Pero desafortunadamente, Troy Davis todavía permanece en riesgo de ejecución. No podía demostrar su inocencia con el estándar que la corte requería, pero el estado de Georgia todavía no puede despejar las dudas sobre su culpabilidad.

Es cierto que nuestro sistema de justicia criminal no es perfecto y no se pueden resolver todos los problemas. También es interesante que los tres gobernadores que han firmado leyes de abolición desde 2007 dijeron que esta imperfección fue la razón principal por eliminar la pena de muerte en su estado.

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Drogas de ejecución incautadas por el DEA en Georgia

Ayer la DEA se incautó del suministro en Georgia de tiopentato de sodio, el anestésico que la mayoría de los estados utilizan como la primera droga en un cóctel de tres drogas para ejecutar a los prisioneros, con la razón que tenía “preguntas sobre cómo se importó la droga a los Estados Unidos.”

Los estados han importado tiopentato de sodio porque el único fabricante aprobado por la FDA en los Estados Unidos, Hospira, ha dejado de producirlo por preocupaciones a respecto a su uso en ejecuciones. Georgia, Arizona, Arkansas, California y Tennessee han importado esta droga por fuentes sin aprobación del FDA en el Reino Unido, y Nebraska ha obtenido una cantidad grande  mediante una fuente sin aprobación en India.

Los abogados en Georgia se han quejado que esta droga viniera de un “suministrador que no es trigo limpio y opera desde el trasero de una autoescuela en Inglaterra”. Expresaron estas preocupaciones antes de la ejecución de Emmanuel Hammond en enero, y aunque las cortes las ignoraron, fueron escuchadas por la DEA.

Fuera de Estados Unidos, la empresa suiza responsable por la versión genérica de tiopentato de sodio recientemente anunció su intención de prevenir que se use su droga en ejecuciones. Y la empresa danesa Lundbeck, fabricante de pentobarbital, la droga alternativa actualmente en uso por Oklahoma y Ohio, también objetó al uso de su producto en la ejecución de prisioneros.

El problema fundamental es el siguiente: llevando a cabo ejecuciones con drogas originariamente fabricadas con la intención de curar es un abuso de la ética médica ni que hablar de los derechos humanos. Estados como Georgia que andan sigilosamente en las tinieblas para evitar las reglas a respecto a la importación de drogas sólo hacen la situación aún peor.

¡Illinois ha abolido la pena de muerte!

El gobernador de Illinois Pat Quinn (Foto por Scott Olson/Getty Images)

Hoy, con la firma del gobernador Pat Quinn, Illinois llegó a ser el decimosexto estado en abolir la pena de muerte, convirtiéndose en el tercer estado en cuatro años en hacerlo. El gobernador también conmutó la sentencia de 15 hombres que se encuentran actualmente en el pabellón de la muerte. Junto al gobernador Quinn, el senador estatal Kwame Raoul y  la representante estatal Karen Yarbrough desempeñaron un papel estratégico en hacer realidad la abolición de la pena de muerte en Illinois. Por favor dedica un momento para agradecerles por su liderazgo.

Ningún estado se ha esforzado tanto por “arreglar su fallido sistema de pena de muerte” como Illinois. En enero de 2000 Se estableció un  moratorio de 10 anos en las ejecuciones, y desde aquel momento varias comisiones han tratado de resolver el problema de imponer un castigo irreversible en un sistema propenso a cometer errores. Después de una década de intentos, los políticos de Illinois concluyeron en abolir esta medida – la pena de muerte en Illinois nunca podrá ser reparada. El sistema siempre será propenso a cometer errores y la pena de muerte siempre será irreversible.

Así que hicieron lo correcto y en verdad lo lógico. Abolieron la pena de muerte. Personas en otros estados donde las fallas de la pena de muerte son aún más claras deben seguir el ejemplo de Illinois. La realidad en Illinois es igualmente real en Connecticut, Maryland, Montana, o de hecho en cualquier estado que todavía emplee la pena de muerte. El peligro de ejecutar a los inocentes no será eliminado, siempre  habrá un desvío de recursos de las medidas de prevención del crimen y el sufrimiento de las familias de las víctimas en curso del proceso penoso siempre será severo e innecesario.

La experiencia de Illinois ha demostrado que la pena de muerte no funciona por razones prácticas y morales. Es un castigo irreversible en un mundo imperfecto, un castigo cruel y degradante en un mundo donde deberíamos esforzarnos por respetar y promover la dignidad humana. Al rechazar la pena de muerte Illinois se ha liberado de este experimento fallido y ha logrado una enorme victoria para los derechos humanos.

El Senado de Montana vota por abolir la pena de muerte

Por una margen de 26 a 24 el Senado de Montano votó por revocar la pena de muerte. Veintidós demócratas y cuatro republicanos votaron por la medida (SB 185) y ahora procede a la Cámara de Representantes. Ésta es la segunda sesión legislativa en que el Senado de Montana ha refrendado la revocación.

Este año ya se ha aprobado un proyecto de ley para la abolición en Illinois donde necesita más acción por parte del gobernador. Se han sido presentados otros proyectos de ley similares a través todo el país en Maryland, Connecticut, Kansas, y Washington.

La abolición ha llegado a ser más atractiva para los legisladores estatales en años recientes debido a la mayor conciencia del precio financiero exorbitante, el peligro de ejecutar a los inocentes y el costo penoso que el proceso de la pena de muerte tiene para las familias de las víctimas.

Georgia, EE.UU. : Información acerca de las ejecuciones podría inspirar actos de terrorismo

El nexo entre las violaciones de derechos humanos y el secretismo del gobierno es muy conocido. El abuso de los seres humanos crece donde no hay supervisión ni rendición de cuentas. Y el uso desmesurado de palabras como “la seguridad nacional” o “el terrorismo” para justificar el secretismo es muy conocido también.

Así que no me sorprende que el estado de Georgia, al rechazar todo pedido para revelar incluso información bien conocida sobre sus procedimientos de inyección letal, haya declarado de una manera descabellada que tal revelación podría “comprometer la seguridad contra el sabotaje, los actos terroristas o criminales”. Hace unos meses se declaró algo semejantemente absurdo en Texas, pero afortunadamente, y en su favor, la fiscal general de Texas denegó estas tonterías. También se debe denegar la postura ridícula de Georgia.

Otros estados y países han tratado de ocultar la información de ejecución, pero para asegurar que una democracia funcione, los ciudadanos tienen que prestar atención a lo que el gobierno hace. Deberá ocurrir sin necesidad a decirlo que el asesinato de los prisioneros deberá ser sometido al escrutinio del público.

La ejecución de Emanuel Hammond será el 25 de enero, y desde noviembre sus abogados han tratado de conseguir información sobre las drogas que se usarán para matarlo. El rechazo del estado de cumplir con esta solicitud, y su razón ridícula para rechazarlo, es un insulto al derecho del público a saber lo que hace el gobierno en su nombre.

La política “No preguntes, no digas” de ejecuciones en Arizona

Escrito por Brian Evans, defensor de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU

El miércoles pasado Arizona admitió que obtuvo la droga tiopentato de sodio desde una fuente que no fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), pero todavía continúa con su plan de ejecutar a Jeffrey Landrigan el 26 de octubre. El estado se niega a decir cómo obtuvo su alijo de drogas con la excusa que una ley estatal garantiza confidencialidad para los verdugos. El estado también dice que obtuvo la droga legalmente, aunque es difícil conciliar esta aseveración con la confesión que no se obtuvo la droga de Hospira, Inc., el único proveedor autorizado por la FDA.

Hay otros problemas con el plan de Arizona de matar a Jeffrey Landrigan. Por ejemplo, su abogado de defensa, quien jamás había tenido un caso que involucraba la pena de muerte, no presentó evidencia muy importante y atenuante. Desde el proceso se ha sacado tanta evidencia que la juez que lo condenó a la muerte ahora dice que ella “no tendría opción” además la de declarar que las circunstancias atenuantes son “suficientes para lenidad”

Pero ningún tribunal de apelaciones ha establecido una audiencia para examinar la aseveración de Señor Landrigan que tenía consejo inadecuado y se ha establecido la ejecución en todo caso.

En resumen, No preguntes de los fracasos del abogado de Jeffrey Landrigan y no digas a nadie las compras secretas de las drogas por los verdugos en Arizona.

Por ahora el litigio sigue adelante y también la petición para clemencia.

Mantengase vivo, tenemos que matarlo

Escrito por Laura Moye, directora de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU

Se llevó Brandon Rhode al hospital ayer para prevenir su muerte después de un intento de suicidio. Esa tarde el Departamento de Corrección de Georgia anunció una demora de su ejecución debido a lo que se refirió vagamente como un “incidente”. No se sujetó Rhodes a la camilla anoche pero el estado tal vez tratará de matarlo jueves.

Situaciones irregulares como ésta demuestra la crueldad de la pena de muerte. Es claro que el pensamiento de ser ejecutado era aterrador para Rhode, en la misma manera que es para todos los individuos que saben la hora, la fecha y el método mediante el cual se acabará su vida. ¿Cómo se sentirá de ahora hasta jueves mientras su cuerpo y mente recuperan del fracasado intento de suicidio y contempla el momento en que se sujete a la camilla y se mate?

Las personas que no creen que la pena de muerte sea cruel están centradas en las acciones de los criminales que cometen asesinatos y la creencia que castigo retributivo es un camino legítimo hacia la justicia. La idea de los derechos humanos, sin embargo, es que la sociedad debe establecer el estándar basado en sólo qué es cruel y inhumano y no en qué es cruel y inhumano en comparación a las peores cosas que un individuo haya hecho. De alguna manera todos entendemos que sería asqueroso violar a alguien culpable de violación y que no incendiamos la propiedad de los incendiarios, pero el asesinato de las personas que cometen asesinatos parece ser la excepción, por lo menos en la minoría de naciones que todavía implementan la pena de muerte.

La justicia retributiva puede ser gratificante a la parte primitiva del cerebro o a una sociedad que quiere una manera de aliviar su indignación. Pero la venganza es un lugar peligroso para llevar los sentimientos justificados de indignación sobre la injusticia del crimen violento. Este intento violento de suicidarse rompe el mito del cuarto de ejecución estéril, civilizado, y parecido a un cuarto de hospital. Se llevan a cabo homicidios en la camilla en ese cuarto en nombre de los ciudadanos del estado y en el proceso nos enredamos en un crimen nuevo. Invertimos millones en este sistema en vez de preguntar a nosotros mismos ¿qué salió mal en la vida de Señor Rhodes que lo condujo a hacer lo que hacía (y hacía mucho) y cómo podemos prevenir otros crímenes? Ya se sabe que la pena de muerte no es disuasoria y no hace nuestras calles más seguras. ¿Cuáles son las necesidades de los seres queridos de las víctimas del crimen violento? Hay tantas cosas que podemos hacer con nuestra energía (y dinero) en vez de resucitar a los prisioneros sólo para rematarlos.

La crueldad de matar a las personas con discapacidades mentales

El estado de Virginia va a ejecutar a Teresa Lewis el 23 de septiembre de 2010

Escrito por Laura Moye, directora de la Campaña para la Abolición de la Pena de Muerte para Amnistía Internacional EEUU

¿Cómo puede conducirnos a la justicia la ejecución de una persona con discapacidades mentales?

El estado de Virginia va a ejecutar a Teresa Lewis el 23 de septiembre por arreglar los asesinatos de su esposo y su hijastro para recibir el dinero de seguro de vida. Por raro que parezca, este “cerebro” tiene un CI de 72 y ha sido diagnosticada con “retardo mental fronterizo”. Además, uno de los pistoleros en el caso admitió en 2004 que él era el cerebro verdadero y había determinado que Lewis era “poco inteligente y fácilmente manipulada”. Eso es exactamente lo que hizo — manipularla. Él tiene un CI de 113. Los dos pistoleros fueron condenados a cadena perpetua. Lewis, no disparó a nadie, estaba cooperativa, se declaró culpable y ahora enfrenta muerte inminente.

Es la segunda fecha de ejecución establecida este mes para una persona cuya capacidad mental está al borde del retardo mental. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que sería inconstitucional ejecutar individuos como ella, pero no se reconoció en su procedimiento legal que estos dos individuos satisficieran los criterios del “retardo mental”, que requieren varios factores.  Claro que si, debería haber responsabilidad y justicia para las víctimas del asesinato, pero seguramente en una sociedad humana no se deben ejecutar a los individuos cuya culpabilidad es atenuada por su capacidad mental.

Holly Wood, un hombre afroamericano en Alabama quizás será ejecutado esta noche si el gobernador Bob Riley no interviene. El quid de la cuestión es el asunto poco sorprendente de su asesoramiento legal incompetente. El abogado que lo representó durante la fase de sentencia era novato – le faltaba experiencia con los casos que involucran la pena de muerte, ni qué hablar del derecho penal. Desatendía a compartir con el jurado información sobre las discapacidades mentales de Wood y como resultado, este factor crucial no era considerado en las deliberaciones que condujeron a la decisión que condenó a su cliente a la muerte. Aunque no había duda sobre su culpabilidad, cuatro jueces federales en tres cortes concluyeron que Wood no tenía asesoramiento legal adecuado.

Según dos jueces de la Corte Suprema, la falla en investigar la discapacidad mental de Wood demostraba “desatención y negligencia”. Así que una persona más va al pabellón de la muerte debido a un sistema que está dispuesto  a permitir asesoramiento legal incompetente para las personas que enfrentan la pena más severa e irreversible de todas. Para tu información, se ha evaluado el CI de Wood a 64 y 59. Un reportero me preguntó ayer ¿por qué este resultado no servía como prueba del “retardo mental”? y ¿cómo puede ser constitucional la ejecución de Wood? La verdad es que no sé.

Actúa para prevenir la ejecución pendiente de Teresa Lewis y Holly Wood.